El régimen bolivariano mantiene un aparato represivo meticulosamente diseñado y organizado, tanto ideológica como prácticamente. Cualquier ciudadano puede ser víctima. Oficialmente, los objetivos son los representantes o simpatizantes de la oposición política de extrema derecha, pero en la práctica, también se incluyen otras personas, activistas o no, a quienes el régimen considera políticamente perjudiciales de una u otra forma. La arbitrariedad impera, por lo que, en última instancia, nadie tiene garantizada la represión, salvo quienes optan por guardar absoluto silencio o asumir el papel de cómplices o colaboradores. En particular, al tratarse de un régimen burgués que implementa el sistema capitalista, la represión azota a los trabajadores que se organizan o participan en protestas.

Aquí hay algunos ejemplos de la gama que abarcamos.

*   Alcedo Mora y los hermanos Eliécer y Esnéider Vergel Prado

Alcedo Mora y los hermanos Eliécer y Esnéider Vergel Prado están desaparecidos desde febrero de 2015 [1]. Según los relatos reconstruidos por sus familiares en aquel entonces, los hermanos se encontraban con Mora cuando fue arrestado por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Unos meses antes de su desaparición, Alcedo Mora había denunciado públicamente, ante diversas instituciones, una serie de actos de corrupción dentro de la empresa estatal PDVSA relacionados con una posible operación de tráfico de gasolina. Además, como activista social, Mora apoyó a comunidades del estado Mérida en sus esfuerzos por reivindicar sus derechos y adoptó posturas críticas hacia las políticas gubernamentales. Hasta el momento, no se ha brindado ninguna aclaración sobre este caso.

*   Merlyn Tovar y su vecino José Alejandro Martínez

Merlyn Tovar y su vecino José Alejandro Martínez desaparecieron durante un operativo llevado a cabo por la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en mayo de 2017 [2]. Sus familias creen que fueron asesinados por la policía. Hasta el día de hoy, se desconoce su paradero, nadie ha sido arrestado a pesar de la existencia de pruebas contundentes, y el caso ha pasado de fiscal en fiscal.

*   Hugo Marino Salas

Hugo Marino Salas se encuentra desaparecido desde abril de 2019, cuando fue detenido por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)[3]. Desde esa fecha, ni la agencia de contrainteligencia ni el Estado venezolano han respondido a las solicitudes de información sobre su paradero.

*   María Alejandra Díaz

María Alejandra Díaz, abogada y exdiputada de la Asamblea Nacional (desde 2017) por el partido PSUV, fue multada por la Corte Suprema (noviembre de 2024) y suspendida de sus funciones en espera de un proceso disciplinario ante el Colegio de Abogados del Distrito Capital por presentar una orden de protección para obligar a la autoridad electoral a publicar los resultados detallados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. En enero de este año, denunció la detención de su exmarido y otros familiares tras ser acusados de terrorismo e incitación al odio en su contra. También declaró haber sido amenazada con la retirada de sus hijos si no se entregaba a las autoridades. Durante su mandato en la Asamblea Constituyente de 2017, Díaz se opuso a la aprobación de la ley antibloqueo (2020), al considerar que su promulgación "conduciría a Venezuela hacia el totalitarismo". Reside en la embajada de Colombia en Caracas desde enero de 2025 y en agosto pudo viajar a Colombia.