Chile : una "propuesta de Constitución"
que camufla la naturaleza del Estado y del poder

El 4 de septiembre de 2022 se llevó a cabo en Chile un procedimiento de plebiscito sobre una propuesta de nueva constitución. El texto fue rechazado, pero eso no obvia la necesidad de analizar su contenido.

La Constitución cuyo reemplazo estaba en juego data de 2005 [1]. En 1973 Augusto Pinochet dio un golpe de Estado y estableció una Junta de Gobierno, al tiempo que declaraba la disolución del Congreso Nacional. En diciembre de 1974 él se concedió a sí mismo el título de Presidente de la República. En octubre de 1980 se promulgó una constitución[[2]]. Los acuerdos de transición estipulaban la continuación de Pinochet como presidente durante el nuevo período de ocho años; en 1988 no logró prorrogar el mandato para el período siguiente. Se realizaron elecciones, en 1990 asume la presidencia Patricio Aylwin. Pinochet siguió siendo comandante en jefe del ejército y en 1998 se jubiló. Luego ingresó al Congreso Nacional como senador vitalicio, según lo dispuesto por la Constitución de 1980, en su calidad de ex Presidente de la República. Se traslada a Gran Bretaña por motivos médicos; es detenido debido a la solicitud de detención internacional emitida por el juez de la Audiencia Nacional de España Baltazar Garzón, quien perseguía la presunta responsabilidad de Pinochet en el asesinato de varios ciudadanos españoles, ocurrido durante su gobierno. En marzo de 2000 el Ministro del Interior británico ordenó su liberación por motivos de salud; regresó a Chile, donde la Corte Suprema de Justicia dictó una decisión de inmunidad parlamentaria. En julio de 2001, en el juicio seguido contra Pinochet por el juez Juan Guzmán, ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, se decidió el desestimo provisional del caso por motivos de salud. Pinochet murió en 2006.

En realidad, la forma en que se planteó el problema constituye en gran parte un argumento propagandista superficial.

En 2015, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet (electa en 2014, había cumplido un primer mandato de 2006 a 2010) inició un proceso de sustitución de la Constitución que no tuvo éxito. En 2018 fue sucedida por Sebastián Piñera (quien ya había cumplido un mandato de 2010 a 2014). Luego surgen las movilizaciones de otoño de 2019. La cuestión de sustituir la “constitución de Pinochet” vuelve a estar en primer plano.

En realidad, la forma en que se ha planteado el problema es en gran medida un argumento propagandístico superficial.

Dos puntos efectivamente vinculados al carácter fundamental del régimen establecido en 1973 ya habian sido expurgados por modificaciones sucesivas.

En 1989 se derogó la siguiente disposición[3] :

Todo acto de persona o grupo destinado a propagar doctrinas que atenten contra la familia, propugnen la violencia o una concepción de la sociedad del Estado o del orden jurídico, de carácter totalitario o fundada en la lucha de clases, es ilícito y contrario al ordenamiento institucional de la República. Las organizaciones y los movimientos o partidos políticos que por sus fines o por la actividad de sus adherentes tiendan a esos objetivos, son inconstitucionales.

La constitución de 2005 integra diversas modificaciones que afectaron, entre otras cosas, al reglamento y al papel de las fuerzas armadas. El texto original de 1980 estipula que la composición del Senado incluye miembros elegidos por el Consejo de Seguridad Nacional, a saber, un ex comandante en jefe del ejército, uno de la marina, otro del ejército del aire y un ex director general de los carabinieri, habiendo desempeñado cada uno su cargo durante al menos dos años. Y el texto postula que las Fuerzas Armadas "garantizan el orden institucional de la República", esto en cooperación con los Carabinieri. (Seguiremos hablando de los Carabinieri más adelante. Se trata de un organismo fundado en 1927 bajo el régimen dictatorial de Carlos Ibáñez del Campo, quien se inspiró en el modelo italiano de policía militar[[4]].)

Según la versión de 2005, el Senado está compuesto íntegramente por miembros elegidos por sufragio universal. Y la referencia al orden institucional aparece sólo en que "los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República".

Fuerzas armadas, fuerzas del orden : elementos esenciales del poder

Los principales temas cubiertos en la constitución propuesta[[5]] están formulados de manera similar a lo que contiene la constitución en vigor. Este es el caso, entre otras cosas, de la propiedad, de los recursos del subsuelo, de las actividades económicas, de la actividad de protesta de los trabajadores, de las actividades económicas del sector público y el Banco Central. Globalmente, la propuesta se diferencia principalmente por una ampliación de la visión, que incluye temas como los pueblos indígenas, los "derechos humanos", los "derechos de la naturaleza", las "diversidades y disidencias sexuales y de género".

Pero también es seguro que la propuesta contiene sobre determinadas cuestiones abordadas disposiciones que difieren significativamente de la Constitución vigente. En relación con los acontecimientos actuales, podemos abordar particularmente el papel de las fuerzas armadas y la policía.

El período de la presidencia de Sebastián Piñera estuvo marcado por severas medidas represivas. Debido al contexto que llevó a la elección de Gabriel Boric como presidente, necesariamente tuvo que distanciarse de este pasado. El programa que presentó en su momento[6] contiene una sección "Consolidado de propuestas sobre Justicia y Seguridad"[7] que anuncia entre otras cosas una "Reforma estructural de Carabineros de Chile", que toma la existencia de los Carabinieri en calidad de cuerpo policial armado como el estado de las cosas. Luego, desde el inicio de su presidencia, Boric se enfrentó en la práctica al problema del sistema de estado de emergencia definido por la Constitución y ampliamente implementado por Piñera. En base de la constitución de 2005, se puede declarar el estado de emergencia "en caso de grave alteración del orden público o de grave daño para la seguridad de la Nación". De hecho, este dispositivo, si bien fue utilizado durante los movimientos de otoño de 2019, se utiliza permanentemente en la represión ejercida por el Estado contra la lucha mapuche por su liberación nacional. Boric intentó implementar la defensa del poder burgués contra sus enemigos de manera "suavizada", pero tuvo que ceder a la realidad y mantener el uso de las fuerzas armadas, que es un elemento esencial del aparato estatal de emergencia en cuestión. Sin embargo, en términos de estado de excepción, la Constitución propuesta, en comparación con la Constitución vigente, no contiene nada equivalente a este dispositivo.

En lo que respecta a las fuerzas armadas y las fuerzas del orden, aparecen algunos matices de vocabulario. La constitución vigente distingue entre Fuerzas Armadas y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Las Fuerzas Armadas incluyen al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, y dependen del Ministerio de Defensa Nacional; ellas "existen para la defensa de la patria" y "son esenciales para la seguridad nacional". Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Pública incluyen a los Carabinieri y la Policía de Investigaciones (PDI), y dependen del Ministerio de Seguridad Pública. "para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior". Carabineros y Fuerzas Armadas tienen en común el carácter de "cuerpos armados".

La Constitución propuesta distingue entre las Fuerzas Armadas y la Policía. Las Fuerzas Armadas tienen la misma composición y la misma supervisión que en la constitución vigente. Están "destinados a la protección de la soberanía, independencia e integridad territorial de la república ante ataques de carácter externo". La composición de la "policía" no está especificada explícitamente, pero es la definida por la constitución vigente, y tienen la misma supervisión. Por otro lado, se precisa que se trata de "instituciones políticas, no militares", que están "destinadas a garantizar la seguridad pública". Para el argumento desarrollado aquí, hay que subrayar que la propuesta sigue siendo evasiva con respecto a los Carabinieri. La secuencia que trata de "policía" no incluye a los Carabinieri, y la expresión "instituciones no militares" deja abierta la cuestión de si se trata de instituciones armadas.

El estatuto de las poblaciones indígenas.

La situación de las poblaciones indígenas, principalmente los Mapuche, es objeto de importantes disposiciones en la constitución propuesta. Las formulaciones sobre este tema están llenas de ambigüedades que las hacen fundamentalmente engañosas.

El significado realmente pretendido es el de una autonomía con contornos vagos, pero que excluye la separación.

Por un lado :

Los pueblos y naciones indígenas y sus integrantes, […] tienen derecho al pleno ejercicio de sus derechos colectivos e individuales. En especial, tienen derecho a la autonomía; al autogobierno […].

Pero por otro lado :

Chile, en su diversidad geográfica, natural, histórica y cultural, forma un territorio único e indivisible. […] Chile reconoce la coexistencia de diversos pueblos y naciones en el marco de la unidad del Estado.

Lo que marca el modo manipulador de las formulaciones es el uso del término "libre determinación" que aparece en diversas ocasiones. Si los pueblos y naciones indígenas y sus miembros tienen derecho a la autonomía, al autogobierno, es "en virtud de su libre determinación". En la práctica, implica encerrar a las poblaciones indígenas en el marco del Estado existente :

Es deber del Estado respetar, promover, proteger y garantizar el ejercicio de la libre determinación, los derechos colectivos e individuales de los cuales son titulares y su efectiva participación en el ejercicio y distribución del poder, incorporando su representación política en órganos de elección popular a nivel comunal, regional y nacional, así como en la estructura del Estado, sus órganos e instituciones.

La posición del gobierno

El gobierno que asumió el poder en marzo de 2022 se mantuvo inicialmente discreto mientras observaba el proceso de elaboración de la propuesta. Sin embargo, con la publicación en mayo de una versión borrador del texto, Boric comenzó a preocuparse por las posibles implicaciones posteriores. En este sentido, las posiciones adoptadas por el gobierno son significativas. El 11 de agosto de 2022, los partidos de la alianza que apoyan al gobierno adoptaron un documento en el que se anuncien de antemano modificaciones de la nueva Constitución que resultarían de una votación favorable a su aprobación[[8]].

En cuanto a las poblaciones indígenas, la constitución propuesta establece :

Los pueblos y naciones indígenas deberán ser consultados y otorgarán el consentimiento libre, previo e informado en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en esta Constitución.

El documento impulsado por el gobierno quiere precisar :

Sobre la Consulta indígena, se establecerá que el verdadero sentido y alcance se refiere sólo a las materias que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas. Sobre el consentimiento previo, al que se refiere el texto constitucional, se establecerá explícitamente que sólo es aplicable a la regulación de entidades territoriales y que no es exigible en temas de carácter nacional o reformas constitucionales, respetando los principios establecidos en el referido Convenio.

Las autonomías territoriales contempladas en la Constitución se desarrollarán en concordancia con los principios de unidad e indivisibilidad del Estado de Chile y de las libertades reconocidas y protegidas para todas las personas. Para esto se establecerá expresamente que sus atribuciones deben ser coherentes con el carácter único e indivisible del territorio de Chile.

En cuanto al hecho de que el proyecto de constitución no menciona un sistema de estado de emergencia, tal que ya se utiliza contra la "violencia" que afecta a la sociedad, el gobierno desea remediar este defecto :

En relación a los Estados de Excepción, proponemos establecer en la Constitución el Estado de Emergencia por grave alteración de la seguridad pública, autorizando que las Fuerzas Armadas puedan colaborar, a requerimiento de la autoridad civil y en las condiciones calificadas que establezca la ley, en tareas de resguardo del orden constitucional y del Estado de derecho.

La realidad de la vida mapuche

Es evidentemente instructivo someter las implicaciones de las diferentes disposiciones a la prueba de la situación de los Mapuche.

Ciertas disposiciones del proyecto de constitución relativas a cuestiones concretas y prácticas, como los recursos naturales, en particular el agua, constituyen afirmaciones positivas, al menos sobre el papel. Sin embargo, es necesario subrayar claramente que niega el derecho de las poblaciones indígenas a su libre disposición, ya que este último concepto, siempre que esté correctamente definido, implica el derecho a la separación del Estado que bajo el efecto de los acontecimientos históricos les incluye dentro de sus fronteras.

Una de las principales organizaciones mapuche, la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), se opone abiertamente al Estado y lo caracteriza como lo que es : un Estado capitalista. El 24 de agosto de 2022 fue detenido Héctor Llaitul, portavoz de la CAM. A raíz de una denuncia del gobierno en virtud de la Ley de Seguridad del Estado, desde 2020 se estaba llevando a cabo una investigación sobre él, que dio lugar al inicio de un proceso por violación de la Ley de Seguridad del Estado, ataques armados contra la autoridad, usurpación violenta y robo simple. Se decretó la medida cautelar de prisión preventiva para Llaitul.

En cuanto a la acusación de robo, se trata de actuaciones de la CAM dirigidas a empresas de plantaciones forestales de árboles, actuaciones que consisten, entre otras cosas, en recuperar madera de dichas empresas. Un comunicado de prensa de la CAM expone detalladamente su posición plenamente justificada al respecto. Aquí hay algunos extractos[[9]] :

Es la industria forestal y el extractivismo los que devastan y destruyen todo el Wallmapu[[10]]. Una devastación que afecta no sólo al mundo mapuche, a las comunidades, sino a toda la población que existe en esta parte del territorio ancestral. Es la industria forestal la que ha provocado un verdadero ecocidio y la que ha engrosado enormemente las arcas de los grupos económicos más poderosos de este país. Ecocidio que se ubica en un contexto histórico de usurpación contra el pueblo mapuche y que actualmente ha provocado la ocupación de nuestras tierras ancestrales por la actividad extractivista, el sistema de latifundios y otras expresiones del gran capital.

En este contexto de exacerbación de las contradicciones entre la industria forestal y las comunidades mapuche en resistencia, recientemente han aparecido grupos oportunistas y mafiosos que se han vinculado a empresas forestales, con el objetivo de robar madera. Grupos conformados por pequeños socios comerciales de empresas forestales que cuentan con la aprobación y/o asistencia de sectores del Estado chileno. De hecho, su actividad fue diseñada y regulada por la propia industria maderera para mantener intacta la cadena productiva, ya que toda la madera que mueven estas mafias llega a su mercado, lo cual es tolerado por las autoridades de turno. […]

No debemos olvidar, en cualquier caso, que la industria forestal nació como una gran mafia que se apoderó de nuestro territorio ancestral, "comprando" tierras indígenas a bajos precios y utilizando todo tipo de mecanismos grises, como a finales del siglo XIX. , por el despojo de nuestra riqueza comunitaria. Una mafia que asociaba abiertamente los intereses de las elites económicas, militares y agrarias. […]

Ante esta realidad, la CAM ciertamente ha propuesto la reapropiación de recursos, y en este contexto incluye la valorización de la madera y la leña. Pero afirmamos categóricamente que esto no puede concebirse como un robo de madera, ya que se trata de la recuperación y reapropiación de los recursos presentes en nuestro territorio ancestral. […]

Entre los daños que sufren los Mapuche están las que deterioran el acceso al agua como recurso esencial. La constitución propuesta enfatiza acertadamente este problema :

La Constitución reconoce a los pueblos y naciones indígenas el uso tradicional de las aguas situadas en territorios indígenas o autonomías territoriales indígenas. Es deber del Estado garantizar su protección, integridad y abastecimiento.

Precisamente las empresas forestales son en gran medida responsables de los obstáculos y daños causados. Así lo testimonia un Mapuche de la localidad de Temuco[[11]] :

Se han secado todos los pozos. Tenemos que racionar el agua. Viene una vez a la semana un camión aljibe, pero solo hay 250 litros por persona y semana. 250 litros es lo que se consume en un solo día en distritos como Vitacura, las Condes o la Dehesa, los más ricos de Santiago, donde reside el puñado de familias de la oligarquía que manda desde siempre en la economía chilena. Por ejemplo, los Matte, la cuarta más rica de Chile, propietaria de las gigantescas plantaciones de pino y eucalipto que se extienden por millones de hectáreas alrededor de Temuco. Estos árboles son ideales para la fabricación de celulosa, papel o muebles baratos. Pero consumen más agua al año que las especies autóctonas del sur chileno debido a su rápido crecimiento.

La doble cuestión de la lucha de clases
y del derecho a la autodeterminación de los pueblos

El elemento fundamental que debe determinar el posicionamiento de los militantes y organizaciones comunistas es que la constitución propuesta establece conceptos que están en contradicción con el hecho de que la sociedad chilena se basa en relaciones de producción capitalistas (el hecho que los miembros de la asamblea constituyente pasaron magníficamente por alto, como si en absoluto no tuviera consecuencias). La propuesta establece :

– "Es deber del Estado asegurar la igualdad de trato y oportunidades."

– "Toda persona tiene derecho al trabajo y a su libre elección."

– "Toda persona, natural o jurídica, tiene libertad de emprender y desarrollar actividades económicas "

Intentar interpretar estas afirmaciones conduce a absurdidades. ¿Se debe garantizar al proletario que será tratado como igual al capitalista? ¿Debería tener la oportunidad de convertirse en capitalista? ¿No debería estar en paro, debería poder elegir libremente su trabajo, o desarrollar actividades económicas como trabajador autónomo?

Del lado de las fuerzas políticas que se consideran anticapitalistas, encontramos argumentos ya presentes durante la fase de las elecciones presidenciales de 2021, en relación a la competencia entre Boric y el otro candidato presidencial, José Antonio Kast. Esto se debe a que según una determinada manera de razonar se trataría básicamente de elegir "el mal menor". Por un lado, se considera que el deseo manifestado por Boric de llevar a cabo reformas es limitado y frustrado por las presiones ejercidas por la burguesía, y que además el contenido de la constitución propuesta es defectuoso. Pero, por otra parte, se afirma que la situación resultante, llegado el caso de la aprobación de la propuesta, traería perspectivas más positivas para el movimiento popular : de alguna manera, ciertas disposiciones de la Constitución podrían servir como punto de apoyo a los movimientos que exigen su aplicación efectiva y, en términos más generales, se podría liderar la lucha por una asamblea constituyente verdaderamente libre y soberana que pusiera la abolición del capitalismo en Chile en la agenda.

Semejante orientación es doblemente perjudicial. Es oportunismo en el sentido de que significa aferrarse a fuerzas políticas que se pretende criticar al mismo tiempo. Y sólo prolonga el camino hacia el fracaso al ofrecer perspectivas imaginarias cuya vanidad acaba de ser destacada.

El procedimiento plebiscitario ha llegado a su fin, que pasa a ser el "rechazo", pero la "aprobación" no habría modificado la actitud a adoptar. Los comunistas marxista-leninistas analizarán la situación resultante para determinar los factores positivos y negativos que conlleva. Pero no pueden dar su aprobación a un documento que santifica el capitalismo y mantiene la confusión en la mente de la gente.

 

13 de septiembre 2022